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San José, 16 ago (PL) El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó hoy la ley que bloquea la señal celular en centros penitenciarios, lo cual ayudará a combatir las estafas y otras actividades delictivas cometidas por los reclusos.
'Enfrentamos nuevos desafíos ante los cambios en las condiciones que generan las actividades ilegales, pero estamos respondiendo con nuevas herramientas, con acciones decididas y la participación de todos los sectores de la sociedad', apuntó Alvarado tras rubricar la normativa en la Casa Presidencial.
Esta ley que hoy firmamos es un ejemplo de esta voluntad, sostuvo el mandatario sobre esta legislación, la cual fue aprobada en segundo y definitivo debate por el plenario de la Asamblea Legislativa el 31 de julio pasado, a propuesta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La reforma a la Ley General de Telecomunicaciones obliga a las operadoras de telefonía móvil y a proveedores de servicios en esa rama a realizar los procedimientos y soluciones técnicas necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de los centros penitenciarios del país.
La medida busca evitar que los presos continúen delinquiendo desde la cárcel, como ocurre con mucha frecuencia en este país, donde anualmente son decomisados más de mil 600 celulares que entran de manera ilegal.
Sin embargo, las empresas deberán garantizar ese bloqueo sin afectar el servicio a la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas.
A partir de hoy una comisión integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y Paz, Seguridad, y Ciencia y Tecnología, tienen nueve meses para redactar el reglamento y después de eso la modificación entrará en vigor.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial, de 2014 a 2016 se presentaron desde los centros penitenciarios 613 delitos de timo y 354 de estafa. Esto a pesar de que en los últimos años, la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar teléfonos celulares en las cárceles.
Para la ministra interina de Justicia y Paz, Isabel Porras, esta normativa constituye un avance en el combate a la delincuencia desde el interior de las penitenciarías, una herramienta más que nos ayudará en la lucha por una mejor seguridad para la ciudadanía.
Esta ley que hoy firmamos es un ejemplo de esta voluntad, sostuvo el mandatario sobre esta legislación, la cual fue aprobada en segundo y definitivo debate por el plenario de la Asamblea Legislativa el 31 de julio pasado, a propuesta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La reforma a la Ley General de Telecomunicaciones obliga a las operadoras de telefonía móvil y a proveedores de servicios en esa rama a realizar los procedimientos y soluciones técnicas necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de los centros penitenciarios del país.
La medida busca evitar que los presos continúen delinquiendo desde la cárcel, como ocurre con mucha frecuencia en este país, donde anualmente son decomisados más de mil 600 celulares que entran de manera ilegal.
Sin embargo, las empresas deberán garantizar ese bloqueo sin afectar el servicio a la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas.
A partir de hoy una comisión integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y Paz, Seguridad, y Ciencia y Tecnología, tienen nueve meses para redactar el reglamento y después de eso la modificación entrará en vigor.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial, de 2014 a 2016 se presentaron desde los centros penitenciarios 613 delitos de timo y 354 de estafa. Esto a pesar de que en los últimos años, la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar teléfonos celulares en las cárceles.
Para la ministra interina de Justicia y Paz, Isabel Porras, esta normativa constituye un avance en el combate a la delincuencia desde el interior de las penitenciarías, una herramienta más que nos ayudará en la lucha por una mejor seguridad para la ciudadanía.
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